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CADER rechazó de plano la aplicación de un “impuesto al viento”

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La institución se manifestó en contra de la posibilidad de establecer regalías a la generación de electricidad a partir de recursos renovables.

La Cámara Argentina de Energías Renovables rechazó la posibilidad de que las autoridades provinciales del país “impongan gravámenes, cargas o tributos de cualquier tipo sobre la generación de energía eléctrica de fuente renovable”.

De este modo, CADER se manifestó en contra de las posibilidades de que determinados gobiernos provinciales, como Chubut y Santa Cruz –que en las últimas horas también había deslizado la posibilidad de hacerlo-, comenzaran a cobrar el denominado “impuesto al viento”; es decir, establecer regalías a la generación de electricidad a partir de recursos renovables.

“Nos oponemos rotundamente a cualquier gravamen que afecte al normal desarrollo de la industria de energía renovable”, se indicó.

dibujo de paneles solares y aerogeneradoresA través de un comunicado, la entidad consideró que “una medida de esta naturaleza obstaculiza el normal desarrollo de los proyectos, aleja las inversiones futuras y finalmente afecta a los usuarios finales, dado que sufrirían las consecuencias de la aplicación de los eventuales gravámenes que se pretende crear”.

Además, establece que esos gravámenes, cargas o tributos “no hacen más que contrariar los preceptos de la Ley Nacional de Energía N° 15.336 y de la Ley de Promoción a las Energías Renovables N° 27.191”, de sus normas reglamentarias y contractuales.

El texto recuerda que el Estado nacional decretó -como base de su política eléctrica- que el “uso de las fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica, constituye una cuestión de máxima prioridad y una política de estado de largo plazo con aptitud para asegurar los beneficios de energías limpias para el país y para todos sus habitantes”.

Asimismo, reconoce que más allá del perjuicio que sufran los proyectos de generación, no debe dejar de considerarse que, de aplicarse los mismos, los eventuales sobrecostos serán en definitiva trasladados a la tarifa de los usuarios y consumidores, por imposición de mecanismos legales y contractuales vigentes.